La iniciativa “Protejamos el patrimonio arqueológico” se enmarca dentro del Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Fue firmado en el año 2020 y establece un marco normativo para la colaboración conjunta entre ambos gobiernos, con el propósito de reducir los incentivos para el robo, hurto o saqueo, y luchar contra el tráfico ilícito de materiales arqueológicos de Chile en el mercado estadounidense.
Para la implementación del MOU, se ha establecido un Plan de Acción Conjunto a cinco años (2021-2025), con objetivos enfocados en la protección patrimonial, la realización de intercambios y la repatriación de bienes arqueológicos chilenos. Las contrapartes para estos efectos son el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Embajada de los Estados Unidos de América en Chile.
En este marco y gracias al financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en Chile y la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es que la Fundación Altiplano ha desarrollado un proyecto que incluye las siguientes actividades en consecución de las metas y objetivos declarados:
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Sensibilizar a la población estableciendo mecanismos de participación con organizaciones pertenecientes a pueblos originarios y/o afrodescendientes, para el desarrollo de acciones orientadas a la educación y sensibilización en relación al patrimonio arqueológico a través de talleres y seminarios con las propias comunidades.
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Mejorar las Comunicaciones reforzando actividades de educación y difusión enfocadas a la comunidad escolar y público general respecto de la protección legal y el proceso para reportar delitos contra el patrimonio cultural.
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Aumentar la información disponible sobre los tipos de material arqueológico protegido bajo este Acuerdo, mediante talleres de entrenamiento y guías visuales.
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Expandir las redes a través de un taller presencial con agencias de aplicación de la ley y profesionales de la cultura para compartir información sobre leyes nacionales y procedimientos.
La propuesta, en fase 2, tiene un plazo de ejecución de actividades de 5 meses, iniciando en el mes de junio de 2022 y contempla un presupuesto total de $50,000 USD.
