Nuestro país y todo el Sur Andino Americano es poseedor de una enorme herencia cultural, cuya huella permanece hasta el día de hoy y se expresa con fuerza a través de los muros de las antiguas chullpas, corrales y pucarás, en las pinturas rupestres, en la cerámicas formadas por las manos de los abuelos, en antiguos textiles y en las piedras milenarias que marcan los caminos transitados por los marchantes del pasado.

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Este legado, sin embargo, se encuentra en riesgo de desaparecer para las futuras generaciones de niñas, niños y jóvenes, producto del robo y tráfico ilícito de bienes arqueológicos  que dañan irremediablemente el patrimonio de las comunidades, pues además de afectar estos bienes en su dimensión material y el contexto histórico y cultural que los rodea, también provoca una pérdida de la memoria histórica e identidad de las culturas que sabiamente los custodian. 

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El patrimonio cultural es afectado desde el momento que un objeto arqueológico es huaqueado* en un sitio; los huaqueros extraen objetos “comerciables” para ellos que son susceptibles de ser vendidos y dañan todas las otras evidencias que nos sirven para entender las culturas del pasado y su forma de ver la vida. Después, a través del comercio ilícito, estos tesoros pasan al anonimato y olvido, siendo imposible compartir su gran valor con todo el planeta.

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​Nuestra legislación protege los Monumentos Arqueológicos, los que son propiedad del Estado.

Las excavaciones en sitios arqueológicos requieren autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacionales).

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¡Protejamos el patrimonio arqueológico! 

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